El ministro de Economía presenta las enmiendas gubernamentales al Proyecto de ley de protección de los deudores hipotecarios, que pasan por abrir la mano en el Código de Buenas Prácticas y por topar el endeudamiento.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma hipotecaria, con "el objetivo de proteger a los deudores". La principal novedad será la ampliación del Código de Buenas Prácticas hipotecarias de la banca, para que más familias se puedan beneficiar de la reestructuración de su deuda y de la dación en pago, tal como adelantó EXPANSIÓN el martes. Además, se limitará a 30 años el plazo máximo de amortización de las hipotecas que puedan ser objeto de titulización.
¿Cómo se incentivará la dación en pago? Se "elevará", según De Guindos, el umbral de ingresos para poder beneficiarse del código, actualmente en 16.000 euros anuales (2,5 veces el IPREM). La idea es situarlo en 3 veces el IPREM (19.000 euros anuales), apuntó el ministro. Ese umbral también se modificará "para ser más inclusivo y modificarse en función de las cargas y las situaciones familiares", señaló, aunque incidió que lo fundamental será elevar el umbral de ingresos.
Además, si el banco rechaza la reestructuración de la deuda que propone el deudor dentro del Código de Buenas Prácticas, tendrá que justificarlo por escrito. Asimismo, se reducirá del 20% al 10% el interés de demora de los alquileres que se pondrán a disposición de quienes opten por la dación en pago.
Estas medidas buscan hacer más atractivo el código bancario, ya que sus resultados hasta ahora han sido escasos. De marzo a diciembre se registraron 1.500 solicitudes de adhesión a las ventajas del código, de las que se resolvieron 800. En 317 casos se reestructuró la deuda y en sólo 78 se aprobó la dación en pago. Con las medidas que propone el Ejecutivo ahora, cancelar la hipoteca con la entrega de las llaves será más fácil.
Por otro lado, De Guindos explicó que la limitación a 30 años del plazo de amortización de los "préstamos para vivienda habitual que puedan ser objeto de cédulas hipotecarias" busca desincentivar el "sobreendeudamiento" de las familias. "No es que se prohíba conceder hipotecas a más de 30 años, pero se limitarán de forma indirecta. 30 años es un tiempo suficientemente dilatado y, si se va a más, la posición del deudor puede ser mucho más vulnerable", agregó De Guindos.
Pactar con el PSOE
Ésta es una medida que propone el PSOE. En principio, el Gobierno lo que quería era limitar el plazo de los préstamos a la edad de jubilación de los deudores, pero ahora será más fácil buscar un acuerdo con la oposición.
Las enmiendas que el Gobierno y el PP quieren poner sobre la mesa de negociación con el resto de partidos se han concebido como punto de partida para un gran acuerdo parlamentario, ya que "existen múltiples puntos de encuentro entre los partidos", como apuntó De Guindos. Es decir, son enmiendas que se podrán mejorar en la tramitación parlamentaria, en aras de un acuerdo que se firmaría "a mediados de febrero".
La diputada del PSOE que defendió la enmienda a la totalidad en el Congreso, Leyre Iglesias, calificó el plan del Ejecutivo como "medidas de mínimos, que afectan a muy pocos".
Sin embargo, Guindos hizo otro guiño a los socialistas, aprobando una medida retroactiva: se reducirán los intereses de demora de las hipotecas del 20% actual al 12%. El Ejecutivo iba a proponer rebajarlos al 6% (el interés legal, del 4% este año, más dos puntos), pero ahora los limitarás a "tres veces el interés legal del dinero". Es decir, al 12%. Pero de forma retroactiva, lo que supone un alivio para miles de hipotecados. Cada persona que impague una hipoteca antigua o futura tendrá ese tope del 12% desde el día después de la entrada en vigor de la reforma. Incluso quienes actualmente ya pagan intereses de demora.
Esta modificación sobre los documentos que preparaba el Ministerio de Economía -que apostaban por unos intereses del 6%- se produce tras una reunión del Tesoro con representantes de las entidades financieras, y a la espera de la negociación con el PSOE, que se planta en el 6%.
Asimismo, se cambiará de forma radical el marco de actuación de las tasadoras. En primer lugar, se aumentará del 60% al 70% el valor de tasación mínimo al que se adjudican los bancos los inmuebles en las subastas, cuando quedan desiertas. Además, la tasación que presente el deudor prevalecerá sobre la del banco, y será, como mínimo, del 75% del importe al que se valoró el piso en un principio.
También se facilitará el acceso de los postores a las subastas, rebajando los requisitos como el aval necesario para pujar, que caerá del 20% al 5% del valor de tasación.
Por último, se limitará del 25% al 10% la participación máxima de la banca en las compañías valoradoras.
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